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¿Por qué seguimos subsidiando la gasolina en Colombia?

Redacción Invelat

En un informe publicado por Corficolombiana este lunes, la entidad financiera calculó que durante este año el gobierno deberá cubrir un déficit de 7,6 billones de pesos del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC); debido a la escalada en la cotización del petróleo y a la forma en la que se calculan los precios de la gasolina en el país, el Estado, o mejor dicho, los contribuyentes, deberemos entregar subsidios por esa cantidad a los consumidores de gasolina durante 2021.

El desacople entre los precios internacionales y el precio interno, aumentó el déficit del FEPC. (Fuente: Corficolombiana)

El argumento habitual que se usa para defender estos subsidios tiene qué ver con el impacto inflacionario que tendría sobre todos, incluyendo los más pobres, eliminar los subsidios y dejarnos a «merced» de los precios internacionales, que se caracterizan por su volatilidad.

¿Por qué no subsidiar la gasolina, si al final, todos nos beneficiamos? El problema es que no todos nos «beneficiamos» igual. Como ocurre con los subsidios que transfiere el gobierno para financiar las pensiones del Régimen de Prima Media (Colpensiones), los de la gasolina también se concentran en personas que pertenecen a los deciles de mayor renta.

Para entender por qué, piense en una familia de muy altos ingresos, que vive en estrato seis, y que a lo mejor cuenta con dos o tres camionetas. Obviamente, el gasto per capita en gasolina de esta familia es mucho mayor que una de estrato uno.

De manera que estas transferencias, que van a ser superiores este año a los siete billones de pesos, benefician de manera desproporcionada a los colombianos más ricos. Todo lo contrario de lo que uno esperaría de una política, que se supone, tiene motivaciones de asistencia social.

Luego de la pérdida del grado de inversión, la caída de la reforma tributaria y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo, vale la pena poner en contexto esta cifra de 7,6 billones de pesos. Corresponde a 0,7% del PIB y a 2,4% del presupuesto General de la Nación, equivale a algo más del 20% de los recursos que se dedican a la salud y serían casi el doble de lo que nos hemos gastado en vacunas para el Covid-19.

La pregunta inevitable es por qué seguimos subsidiando la gasolina, si a todas luces es una política ineficiente, regresiva desde lo social y peligrosísima en lo fiscal. La respuesta es evidente: Ningún gobierno ha estado dispuesto a asumir el costo político que implicaría dejar flotar con libertad el precio.

Si una reforma tributaria como la presentada por Carrasquilla, hecha con tanto ahínco para beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, fue manipulada por sectores populistas y terminó ocasionando un Paro Nacional de dos meses, ¿Qué podría pasar si se incrementaran 20 o 30% los precios del combustible?

El temor a pisar los ‘callos’ de gremios como el de los camioneros, que han paralizado el país cada vez que han querido, y a darle alas a unos movimientos de extrema izquierda cada vez más radicalizados, no solo evitarán que el gobierno Duque se atreva a desmontar un esquema absurdo, sino que con toda probabilidad, los gobiernos siguientes tampoco lo harán.