Por Julio César Iglesias
Luego de los audios filtrados a la Revista Semana, en donde Armando Benedetti menciona una serie de hechos de gravedad extrema para el gobierno, es necesario que el Congreso suspenda el trámite de las reformas laboral, a la salud y a las pensiones.
Las intenciones reformistas del gobierno de Petro no han sido detenidas por la fuerza de los argumentos, muy sólidos en contra de los numerosos disparates que contienen, pero luego de los audios del exembajador Armando Benedetti, cambia el escenario.
La posibilidad de que estas reformas, no solo sean aprobadas tal como el gobierno desea, sino que incluso de que sigan siendo discutidas en el Congreso, debe descartarse.
No olvidemos de lo que estamos hablando.
En salud, de transformar -aunque prefiero el verbo “demoler”- el sistema de salud actual, eliminando el papel de las EPS y estatizando de manera íntegra su gestión. Eso significa que el gobierno de Petro tendría la responsabilidad de disponer de unos 80 billones de pesos, más los recursos nuevos que requiere la implementación de la reforma.
En la reforma pensional, estamos hablando de entregarle al gobierno unos 20 billones de pesos nuevos al año, provenientes de los flujos de cotizaciones pensionales de colombianos que hoy están en los Fondos de Pensiones.
Son decenas de billones de pesos nuevos que, de manera directa o indirecta, deberán ser gestionados por el gobierno durante los próximos años, si estas reformas son aprobadas.
Dada la enorme sombra de dudas que han generado las declaraciones de Benedetti, uno de los actores claves del triunfo electoral del Pacto Histórico el año pasado, resultaría del todo extravagante que el Congreso insistiera en transferir el control de tal cantidad de recursos para ser gestionados por el gobierno petrista.
Si el “todo vale” fue la norma durante la campaña electoral, cobran más sentido los temores sobre la posibilidad de que estos recursos, mal gestionados, puedan servir principalmente para consolidar en el poder el proyecto político petrista y no para servir a sus dueños que son los ciudadanos.
Dada la profundidad de las transformaciones que anhela ejecutar el presidente, además de la naturaleza que tienen -consisten en acumular más recursos en cabeza del Estado, o sea, bajo control de su gobierno – estos escándalos de corrupción le arrebatan la legitimidad de tramitarlos.
Esa realidad debe ser reconocida por el Congreso de la República que, como mínimo, debe suspender el trámite de las reformas dada la absoluta falta de confianza que hoy tienen los ciudadanos frente a un gobierno que se desmorona por cuenta de sus propias contradicciones.