Redacción Invelat
Juan Alberto Londoño Martínez, exviceministro de Hacienda, ha lanzado una crítica severa hacia la gestión del presupuesto nacional bajo el gobierno de Gustavo Petro. Destaca el decreto 2295 de 2023, que establece el Presupuesto General de la Nación para 2024, apuntando a serias inconsistencias y presuntas violaciones al Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo cual considera un peligro inminente para la sociedad colombiana.
El gobierno ha procedido a modificar el presupuesto aprobado por el Congreso, en una acción que presuntamente viola la ley abiertamente. Esta situación abre la puerta a que cualquier ciudadano demande el decreto, lo que podría resultar en una suspensión que paralizaría la capacidad gubernamental para realizar pagos esenciales, llevando a un caos absoluto en la administración pública.
A pesar de las advertencias, el gobierno no ha emitido un decreto de corrección para ajustarse a la normativa, lo que sugiere una preferencia por ejecutar el presupuesto de manera centralizada, ignorando compromisos previos. Esta omisión se interpreta como un deseo de ejecutar el presupuesto desde una perspectiva que desconoce los principios presupuestales establecidos.
La decisión de no desglosar el presupuesto parece servir a intereses específicos desde el palacio. Por un lado, busca crear una base de apoyo político entregando recursos directamente a organizaciones comunitarias. Por otro lado, parece tener como objetivo presionar a empresarios del sector de infraestructura, quienes necesitarán negociar directamente con el gobierno para liberar fondos para proyectos importantes. Esta estrategia es vista con preocupación por su potencial para la manipulación y control político.
Este análisis de Londoño Martínez subraya preocupaciones significativas sobre la transparencia, legalidad y ética en el manejo del presupuesto nacional por parte del gobierno de Petro, sugiriendo un escenario de riesgo institucional y descontento social.