Redacción Invelat
Contra las cuerdas quedó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de la publicación del informe del CARF sobre su Marco Fiscal de Mediano Plazo, la hoja de ruta de las finanzas públicas durante los años siguientes.
En un inusual y durísimo informe, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), realizó una lectura muy crítica del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023, que recientemente publicó el ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla.
El CARF alerta sobre varias inconsistencias y riesgos del Marco Fiscal; pone énfasis en el importante aumento del endeudamiento que necesitará el gobierno respecto al Marco Fiscal anterior, así como en una serie de supuestos poco realistas en torno a los ingresos y gastos que deberá asumir el Estado durante los próximos años.
Respecto a las necesidades de endeudamiento, el CARF indica que se pasarán de necesitar 81 y 82 billones de pesos durante 2023 y 2024, respectivamente, a requerirse 95 y 122 billones para cumplir con las necesidades de gasto que establece el presupuesto oficial.
Señala la entidad además que el Marco propone un deterioro del déficit fiscal durante los próximos años, en contravía del ajuste más acelerado que se esperaba en los anteriores planes fiscales.
¿Maquillando las proyecciones?
Pero lo más grave son las afirmaciones del CARF sobre las proyecciones de ingresos y gastos que hacen parte del Marco Fiscal y que, en algunos casos, pecan de optimismo, son poco realistas o, sencillamente, son clasificadas usando una contabilidad cuestionable.
Es decir, y para ponerlo en términos menos diplomáticos, que el gobierno está manipulando las cifras.
Maquillándolas.
Para comenzar por los ingresos, dice la entidad, que el gobierno hizo unas proyecciones con mucha «incertidumbre».
Por ejemplo, dice el Ministerio de Hacienda que, fruto de la buena gestión de la DIAN se va a recaudar 1,3% adicional del PIB adicional el próximo año.
Demasiado ambicioso y poco realista según el CARF, que los señala de «inciertos».
Más o menos lo mismo pasa con las proyecciones de recaudo derivado de demandas contra deudores morosos de la DIAN, que se estima serán, según el gobierno, de 0,9% del PIB en 2024.
Esos ingresos son calificados por el CARF como «inciertos y no estructurales», y ahí viene la parte más delicada del informe que deja contra las cuerdas al Marco Fiscal que presentó el ministro Bonilla:
Como este 0,9% del PIB que estima recaudar el gobierno no es estructural, tendría que ser clasificado como una «transacción por única vez», lo que por efectos contables haría que la Regla Fiscal se incumpliera.
¿Un presupuesto ilegal?
Lo que da a entender el CARF es que si estos ingresos son «transacciones por única vez» estaríamos frente a un presupuesto que viola la Regla Fiscal y, por tanto, sería un Marco Fiscal ilegal.
Dicho de otra forma: que el gobierno de Petro estaría violando la ley con estas proyecciones de gasto que acaba de presentar.
«Se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal», afirma de una manera inusualmente explícita el Comité en el informe.
¿Y la plata para las reformas?
Pero los problemas no terminan ahí. La cereza del pastel es que en el Marco Fiscal no se incluyeron las proyecciones de gastos que acarrearían las reformas pensional y a la salud que podrían ser aprobadas durante los próximos meses en el congreso.
En otras palabras, en un Marco Fiscal que está al límite del cumplimiento de la ley (o que directamente está violando la ley), no se contemplaron los gastos adicionales que implicarían las reformas de ser aprobadas en el Congreso.
Nadie sabe, ni siquiera el gobierno, o al menos no lo dice en este documento, de dónde saldrá el dinero para financiar el pilar solidario de la Reforma Pensional o las gigantes inversiones en nueva infraestructura, como la construcción de los CAPS, que propone la Reforma a la Salud.
Contra las cuerdas quedó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de la publicación del informe del CARF sobre su Marco Fiscal de Mediano Plazo, la hoja de ruta de las finanzas públicas durante los años siguientes.
Deberá Bonilla salir a responder, de manera rigurosa y satisfactoria, los profundos cuestionamientos a la credibilidad de las cuentas fiscales. De no hacerlo sería quizá la puerta de entrada a la crisis más grave que haya afrontado la administración de Gustavo Petro, una auténtica tormenta que implicaría perder la credibilidad en los mercados.